Las (139) Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC pertenecientes a 11 Pueblos: Ampiuille, Polindara, Nasa, Misak, Epedara- Siapidara, Yanakuna, Totoroez, Embera, Kokonuco, Kisgo e Inga y los Thu’thenas we’sx (Consejeros) que representamos a las comunidades indígenas de cxhab Wala Kiwe, zona norte del departamento del Cauca, de manera conjunta denunciamos y alertamos sobre los altos niveles de riesgo en que están nuestros comuneros en reclamación de derechos territoriales, y adjudicamos toda responsabilidad a Asocaña, Procaña, los ingenios y terratenientes cañeros en contubernio con la fuerza pública, la Dijin y la Fiscalía, por cualquier afectación que puedan sufrir miembros de nuestras comunidades.
Manifestamos que dicha preocupación surge a raíz de los múltiples acontecimientos que han denunciado reiteradamente miembros de nuestras comunidades, afectados por la constante violencia con que el gobierno y los cañeros, responden frente al conflicto de intereses que suscita la reclamación de derechos territoriales y derechos de la madre tierra que se adelanta desde hace 7 años en el norte del Cauca.
Éste proceso ha sido terriblemente perseguido por parte del gobierno nacional, cuando opta por defender los intereses de los cañeros y terratenientes, Ante estos hechos demandamos se respete el derecho a la vida, integridad y seguridad de los comuneros que luchan por defender el derecho a la tierra en un contexto en que la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia es una de las más desiguales de américa latina y el mundo.
Para ilustrarlo Colombia tiene 42.3 millones de hectáreas para producción agropecuaria, de las cuales el 80%, 33.8 millones, son dedicadas a pastos para ganado, y el resto, tan solo 8.5 millones de hectáreas, el 20%, para la agricultura; de las cuales 7.1 millones están dedicadas a grandes cultivos agroindustriales, como la caña, y solo 1.4 millones dedicado a la producción de alimentos para consumo interno.
Ante esta evidente desproporción, 5 millones de pequeños productores, entre los cuales estamos los pueblos indígenas, en 1.4 millones de hectáreas producimos el 43% de los alimentos que consumen los colombianos. Ahora, como si esto fuera poco, según el último censo nacional agropecuario, en Colombia solo el 0.4% de la población, posee el 46% de la tierra, cifra que aumentó en las últimas décadas del conflicto. A su vez, es necesario mencionar el constante incumplimiento por parte del Gobierno de los Acuerdos suscritos, pues de 40.000 hectáreas acordadas en el momento solo existe un cumplimiento de 1.419, lo que da fe del abandono Estatal y de la falta de garantías para el goce efectivo de los derechos territoriales de nuestros comuneros.
Por estos y muchos otros motivos, rechazamos los señalamientos y la complicidad de la fuerza pública con los grandes terratenientes que desde la colonización han negado y expropiado históricamente a todos los colombianos el acceso equitativo a la tierra, convirtiéndose en responsables directos de la guerra que ha dejado más de 6 millones de desplazados. Por lo que les responsabilizamos ante las diferentes acciones violentas que se alertan en el comunicado de nuestros compañeros, en especial de una eventual masacre.
Alertamos a la opinión pública nacional y a todos los sectores sociales del país sobre el riesgo que viven nuestras comunidades. Les convocamos a no dejarse engañar por las artimañas de estos expropiadores, y a unirse a una lucha general por la democratización de la propiedad de la tierra que nos dé las condiciones para el ejercicio pleno del derecho de la autonomía económica y alimentaria.
